El argumento de Bruselas tiene dos partes. La primera es recaudatoria: España deja de ingresar mucho dinero con el tipo reducido. La segunda es de competencia: si el mismo servicio paga menos impuestos aquí que en otros países, sale más barato y eso se puede ver como una ventaja desleal dentro del mercado turístico europeo.
España, por su parte, no quiere subirlo porque perdería competitividad como destino turístico internacional.
Si la medida saliera adelante, que no está nada claro, la pregunta es quién asumiría el coste: un consumidor que ya está muy castigado o un empresario con una rentabilidad muy baja que sufre para llegar a fin de mes.
Conviene tener la cuenta hecha. Un plato de 25 euros con el 10 % de IVA tiene una base de 22,73 euros. Con el 21 %, mantener esa base obligaría a cobrar 27,50 euros, un 10 % más. Si en cambio se mantuviera el precio en 25 euros, la base bajaría a 20,66 euros, y el restaurante dejaría de ingresar algo más de un 9 % por cada venta. Es un buen ejercicio para medir cuánto margen tiene tu carta ante cualquier subida de costes.