La sentencia es del 9 de septiembre, aunque no se conoció hasta el 5 de octubre. El Tribunal Supremo dejó sin efecto la multa impuesta a Just Eat por trabajar con repartidores contratados por una flota, Fleet Delivery Solutions.
Ahí está el hueco de la ley rider: exige que el repartidor tenga una relación laboral, pero no dice quién debe contratarlo. Por eso aparecen las flotas, empresas especializadas en la logística del reparto que se ocupan del mantenimiento de las motos, la contratación, la coordinación y la formación de los repartidores. Se separan así dos actividades distintas: la de marketing y tecnología, que hace la plataforma, y la de reparto y logística.
Conviene no leerlo como el final de la historia. El Supremo ha resuelto el caso de Just Eat y esa flota, no el de Glovo ni el de Uber, y hay una consulta pendiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el control algorítmico de los repartidores.
Más allá de si son autónomos, de flota propia o externa, lo que necesita el sector es estabilidad y previsibilidad para invertir y planificar sin depender de lo que decida un juez dentro de seis meses.